51.a El artículo 1722 se reforma así:

"En las apelaciones i consultas de autos interlocutorios procederá la Corte Suprema del mismo modo establecido para esa especie de autos en negocios civiles."

52.a Al artículo 1783 se le añade este inciso:

Tambien deberá procederse de oficio, sea cual fuere la pena que haya de imponerse, siempre que en el juicio esté la Nacion interesada."

53. El capítulo 4.0, título 10., libro 3.o, se adiciona con este artículo, que seguirá al

1833:

"El principio establecido en el artículo 1783 no obsta para la aplicacion de las disposiciones consignadas en este capítulo."

54. El artículo 1848 queda modificado en estos términos:

"Cuando el reo o reos fueren aprehendidos, i el valor del contrabando, es decir, del jénero i efectos confiscables, no pasare de cien pesos, con solo el sumario se procederá a celebrar el juicio con arreglo al artículo 1616, en cuyo acto se oirá verbalmente al reo, a su defensor si lo hubiere nombrado, al respectivo Ajente del Ministerio público i a los testigos que presentaren ambas partes, poniéndose de todo una dilijencia sucinta pero clara i exacta "

55.a Al capítulo 8.o, título 10, libro 3.o, se le agregan los siguientes artículos después del 1877 :

"Artículo A. Cuando a las autoridades judiciales de Colombia se les reclame directamente la entrega de un reo, por las de igual carácter de un país estranjero, a virtud de lo estipulado en las Convenciones sobre estradicion, examinarán los documentos que se acompañan a la sol citud, practicarán las demás dilijencias prevenidas en dichas Convenciones, i, previa audiencia del respectivo Ajente del Ministerio público, decidirán si debe o nó accederse a la estradicion, conforme a los Tratados.

"Artículo B. Si la reclamacion se dirije a algun Majistrado o Juez que no sea del órden jeneral, se pasará al Juez nacional respectivo, para que decida con arreglo al artículo anterior.

"Artículo C. Cuando la estradicion se pida directamente al Poder Ejecutivo de la Union por un gobierno estranjero, i, según los pactos internacionales vijentes, debau practicarse dilijencias de carácter judicial, como las de hacer comparecer al presunto reo, oir sus descargos i tomar en consideracion las pruebas de su criminalidad, dicha solicitud se pasará, con los documentos anexos, al Juez nacional de primera instancia de la jurisdiccion donde resida i se crea que reside la persona reclamada para los efectos de los artículos anteriores.

"Si los pactos sobre estradicion no exijen la práctica de las espresadas di'ijencias, no se hará necesaria la intervencion judicial, i el negocio se decidirá administrativamente."

"Artículo D. Las resoluciones sobre estradicion de reos que dicten los jueces nacionales de primera instancia son apelables por el Ministerio público i por el presunto reo; i en todo caso se consulta: án con la Corte Suprema federal, la que procederá como está dispuesto para los autos interlocutorios, i dará aviso de la resolucion definitiva al Poder Ejecutivo de la Union."

56.a El título del citado capítulo 8.o se reforma en estos términos :

"Modo de proceder en los casos de estradicion de reos.”

57 Queda derogada la seccion 2.a, capítulo 10.o, título 10.o, libro 3.o, i se reemplaza con la siguiente:

"SECCION 2.a

“Procedimiento para declarar que se ha perdido o recobrado el carácter de colombiano. "Artículo A. Corresponde a la Corte Suprema federal declarar quiénes han perdido ei carácter de colombianos, en los casos de los artículos 32 i 88 de la Constitucion. "Artículo B. La Corte procederá a virtud de pedimento del Procurador jeneral o de cualquier ciudadano.

"Artículo C. El procedimiento para hacer la declaratoria de que se trata será el siguiente:

"Dentro de tercero dia después de darse a la Corte el denuncio, o de presentado el pedimento del Procurador jeneral o del solicitante, i de oido este funcionario si él no hubiere hecho el pedimento, se exijirá informe a la persona a quien el denuncio se refiera, fijándole un plazo para contestar, que será igual al tiempo que se calcule necesario para recorrer de ida i regreso la distancia a que se halle de la capital i quince dias más; i recibido el informe en que se reconozca el hecho denunciado, o trascurrido un término doble del señalado, sin que dicho informe se reciba, se dictará dentro de los quince dias siguientes la resolucion declaratoria de haber perdido la condicion de colombiano el individuo objeto del denuncio.

"Si en el informe espresado, oportunamente recibido, se negare el hecho denunciado, la Corte Supre ma lo averiguará por medio de la Secretaría de Relaciones Esteriores, la que se dirijirá sobre el asunto al Ministro de la República acreditado ante el Gobierno mecionado en el denuncio, o a alguno de los Cónsules admitidos por el mismo Gobierno; fallará en vista de los informes de dichos empleados, dentro de quince dias despues de recibidos.

H. Rep. 134-8

"Artículo D. El fallo de la Corte Suprema federal será definitivo: i solo podrá reconsiderarse por ella misma en el caso de que se dicte sin haberse recibido el informe del individuo que haya sido objeto del denuncio, si este u otro en su nombre lo solicita comprobando que no llegó a sus mano el pliego con que se le notificó el auto en que se le pidió informe, o que llegó con retardo considerable.

"Artículo E. Tambien podrá la Corte reconsiderar su resolucion cuando el mismo individuo objeto del denuncio, u otro en su nombre, lo solicite acompañando una documentacion que contradiga el hecho que se habia declarado cierto. La solicitud de reconsideracion en este caso, lo mismo que en el del artículo anterior, deberá hacerse dentro de cuatro meses contados desde la fecha en que el fallo fuere publicado en el periódico oficial de la Nacion; i en ambos casos la Corte Suprema podrá adoptar las medidas conducentes al esclarecimiento de los hechos, i fallará dentro de quince dias después de trascurrido el tiempo que señale para la investigacion.

"Artículo F. En el pedimento del Procurador se indicarán los datos i los documentos i demás pruebas en que lo apoye, i los denuncios de los particulares deberán presentarse con iguales pruebas o indicaciones, sobre la existencia o realidad de las cuales procurará cerciorarse la Corte Suprema antes de pedir el informe. El espediente se remitirá orijinal, con las seguridades convenientes, al que debe informar, accompañando las pruebas que se hubieren presentado o adquirido; i en la Secretaría de la Corte se dejará copia de lo conducente para que se pueda fallar en caso de no rendirse el informe oportunamente.

"Artículo G. Los colombianos que hubieren perdido el carácter de táles en virtud de resolucion de la Corte Suprema, dictada en cumplimiento de esta seccion, lo recobrarán si fijan su residencia en el territorio de la Union, i declaran ante el Secretario de Relaciones Esteriores, o ante el Poder Ejecutivo del Estado en que residan, que quieren volver a ser colombianos. La manifestacion del interesado, con un informe del funcionario ante quien la haga, sobre la efectividad de la actual residencia de aquel, se remitirá a la Corte Suprema para que, con audiencia del Procurador jeneral, declare que el solicitante ha recobrado la calidad de colombiano.

"Parágrafo. Se esceptúan de esta disposicion los colombianos que hayan servido a otra Nacion contra la República, los cuales jamás podrán recobrar la nacionalidad per

dida.

"Artículo H. Cuando, estando en receso el Congreso nacional, un colombiano admita empleos, condecoraciones, títulos o rentas de gobiernos estranjeros, de una manera condicional i a reserva de solicitar el permiso de aquella corporacion, no se reputará consumada la infraccion del artículo 88 de la Constitution, sino en uno de estos dos casos: 1o. Si el que aceptó con dicha reserva no solicita el permiso en la sessiones ordinarias del Congreso inmediatamente posteriores a la aceptation; 2o. Si pedido el permiso i rehusado por el Congreso, el aceptante persiste en los efectos de la aceptacion, como si tal permiso le hubiera sido otorgado."

58.a Al artículo 1924 se le agregan estas palabras:

"Hai presuncion legal de que se ha delinquido a sabiendas, cuando la suposicion contraria de ignorancia se refiera a puntos de derecho, como sucede, por ejemplo, en las infracciones de lei que cometen los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones i que dan oríjen a juicios de responsabilidad, tales como los abusos de autoridad, el exceso en las atribuciones del empleo, la usurpacion de facultades i otras semejantes." 59.a El artículo 1927 se deroga, i en su lugar queda el siguiente:

“Desde que este Código empiece a rejir, quedarán derogadas todas las disposiciones anteriores sobre organizacion del Poder Judicial nacional, i sobre procedimiento en los negocios civiles i criminales de la competencia de los Tribunales i Juzgados de la Union."

ART. 2. Al hacer una nueva edicion del “Código Judicial," o formar la Recopilacion de leyes de la Union, se tendrán presentes las variaciones introducidas por esta lei, para refundirlas en dicho Código, dándoles la colocacion que les corresponda, i haciendo las enmiendas consiguientes en la numeracion de los artículos, i las rectificaciones en las citas de éstos que queden alteradas por la nueva numeracion. Dada en Bogotá, a diez i seis de mayo de mil ochocientos setenta i tres. El Presidente del Senado de Plenipotenciarios.

El Presidente de la Cámara de Representantes,

El Secretario del Senado de Plenipotenicarios,

Rl Secretario de la Cámara de Representantes,

Bogotá, 19 de mayo de 1873.

Publíquese i ejecútese.

El Presidente de la Union,

[I. S.]

El Secretario de lo Interior i I el ciones Esteriores,

M. PLATA AZUERO.

J. M. MALDOMADO NEIRA.
JULIO E. PÉREZ.

JOSÉ MARIA QUIJANO OTERO.

M. MURILLO.

JIL COLUNJE.

No. 147.]

Mr. Turner to Mr. Fish.

MONROVIA, September 11, 1874. SIR: I have the honor, in compliance with instructions contained in the Department's unnumbered note, date June 23, 1874, to transmit herewith information relative to the mode or system employed by the government of Liberia for the investigation and adjustment of such claims as may from time to time be alleged against said government. It will be observed that in procuring the information desired, I have confined my inquiries to a correspondence with the Department of State; this course was especially necessary on account of the utter absence of all printed authentic documentary information bearing upon the important subject with reference to which the inquiries were submitted. It is true, that at the conclusion of each session of the legislative branch of the government, a pamphlet, containing the laws enacted at the session, is printed; it is equally true that the government has never caused a revision, collection, or compilation, in durable form, of the laws of this republic. This omission to preserve in print important historical facts is not alone confined to the laws enacted by the government, but extends to all matters of statistics, the publication and preservation of which would enable the government and people to judge of the benefit or injury resulting to the nation from the execution of the laws enacted. There are extant no printed documents or reports of the revenue, of the census, of finance, of education, of agriculture, &c.; and I have thus far been unable to obtain for my permanent possession a printed copy of the constitution itself. Because it may be of incidental or indirect relevancy to so much of the subject concerning which information is desired, as relates to aliens, I have determined to quote for the information of the Department sections 12 and 13 of article 5 of the constitution of Liberia. Those sections of the constitution read as follows:

SECTION 12. No person shall be entitled to hold real estate in this republic unless he be a citizen of the samne. Nevertheless this article shall not be construed to apply to colonization, missionary, educational, or other benevolent institutions so long as the property or estate is applied to its legitimate purposes.

SECTION 13. The great effect of forming these colonies being to provide a home for the dispersed and oppressed children of Africa, and to regenerate and enlighten this benighted continent, none but persons of color shall be admitted to citizenship in the republic.

It will be noticed that while the "declaration of independence” declares the "courts of justice are open equally to the stranger and the citizen for the redress of grievances, for the remedy of injuries, and for the punishment of crime," the exclusiveness of the constitution renders it practically impossible for the alien to acquire any real substantial property-claim within the republic; and in the mean time positively debars a very large class of persons from ever attaining to citizenship. The above exclusive features are repugnant to, and complained of by, foreigners, and strenuously objected to by a few progressive Liberians; but there is no doubt of the popularity of these measures with the people of this republic. Whatever may have been the incentive to bind such unprogressive economy upon the organic system of the republic, it must be conceded that if the tendency of the nature of such laws is not to segregation, it is, to say the least, in the direction to dissimilitude to the liberal spirit of that economy now shaping the statesmanship and policy of the nations.

I have the honor to be, sir, with highest esteem, &c.,
J. MILTON TURNER.

Hon. HAMILTON FISH,

Secretary of State, Washington, D. C.

[Inclosure 1.}

Mr. Turner, to Mr. Moore.

A.

LEGATION OF THE UNITED STATES,
Monrovia, August 22, 1874.

SIR: The Government of the United States, being desirous of obtaining accurate information upon the subject of the adjustment and determination of state claims, with a view of establishing, as far as practicable, a general and uniform system and mode of procedure for their investigation, &c., has instructed me to procure and transmit, with as little delay as possible, such replies as your government can furnish in reference thereto. I trausmit herewith a copy of a list of inquiries, the purport of which is not intended to confine you specifically in furnishing information on the subject mentioned; and this legation will feel much obliged by your inserting in the blank space opposite each question, the information sought, and returning the same as early as inay be in consonance with your convenience, together with any laws or other enactments bearing upon the matter in question.

I have the honor to be, sir, your obedient servant,

Hon. J. E. MOORE,

J. MILTON TURNER.

Secretary of Sta'e, Liberia.

[Inclosure 2.]

Mr. Moore to Mr. Turner.

B.

MONROVIA, September 11, 1874.

SIR: On the receipt of your communication of 22d ultimo, the schedule of your inquiries therein was submitted to Hon. W. M. Davis, attorney-general, and I now have the honor to transmit you herewith the replies thereto, prepared by him. I regret that I am unable to furnish you with a copy of the laws as requested, they being at present out of print.

I have the honor to be, sir, your obedient servant,

His Excellency J. MILTON TURNER,

United States Minister Resident, Sc., Monrovia.

J. E. MOORE.

1st. Are claims against the government investigated, determined, and, if allowed, their payment directed and provided for by the legislative branch of the government?

2d. If the legislative authority does entertain such claims, what is the mode of procedure, by committee or otherwise, and what means, if any, are provided for procuring evidence on behalf of the govern

ment?

Answers.

1st. Claims against the republic of Liberia are sometimes investigated and determined by the legislative branch of the government, and if such claims are allowed their payment is directed and provided for by a special act of the legislature, or by the amount of the claim allowed being included in the general appropriation bill, and paid by the secretary of the treasury under the warrant of the President drawn for the amount.

2d. When such claims are entertained by the legislative authority, the usual mode of procedure is, for that branch of the legislature to which the application first comes to appoint a committee to investigate the claim, and to give such committee full power to compel the attendance of witnesses, and such other evidence as they may require in behalf of the government. Sometimes a joint committee of both houses is appointed to investigate the matter; the report of the committee is then acted upon by the legislature.