voluntad libre y con conocimiento perfecto de la malicia de tal hecho, por lo cual es responsable ante la ley.

Si esta responsabilidad no ha sido demostrada, por muy probado que resulte el hecho criminoso, y aunque el jurado tenga la convicción íntima de su existencia, el veredicto absolutorio se impone.

Cosa distinta es cuando de las pruebas, en concepto del jurado, resulta demostrado un hecho distinto de aquel sobre que está llamado a decidir, pues en tal caso puede hacer constar tal circunstancia en el veredicto que pronuncie.

Hay quienes opinan que ésta no es atribución del jurado porque las pruebas aducidas en demostración de un hecho distinto no han sido materia del debate y queda violado el principio que enunciamos atrás, según el cual nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio; pero debe tenerse en cuenta que en tal caso el veredicto no motiva la sentencia condenatoria del juez, sino que de conformidad con el sistema inquisitorial de nuestra legislación en materia penal, sirve tan sólo para que se investigue por el funcionario competente y se dicte luego el respectivo auto de proceder según las pruebas levantadas en el nuevo sumario, si fuere el caso de acuerdo con las disposiciones legales.

Aunque los jurados conocen solamente de la responsabilidad del individuo en un hecho dado sin considerar éste en su aspecto jurídico, por lo que se les llama jueces de hecho, pueden sin embargo en vista de las pruebas presentadas dar su decisión de manera que el delito quede comprendido en determinada disposición del Código Penal. En otros términos: el jurado puede en vista de las pruebas presentadas decidir sobre las circunstancias agravantes o atenuantes siempre que no se expresen las disposiciones legales, pues es al juez de Derecho a quien toca la aplicación de la ley correspondiente a los hechos indicados. Dentro de los umbrales de los hechos en lo que toca a la expresión de ellos con todos sus matices y explicando las circunstancias materiales o morales que los modifiquen, puede el jurado extender su acción, hasta modificar sustancialmente el cuestionario presentado por el juez de Derecho, si así lo exige la naturaleza de las pruebas aducidas en el juicio.

De todo lo expuesto anteriormente se deduce que son graves, gravísimos los inconvenientes de la prueba legal y de funestos resultados su aplicación en los juicios por jurado, a la vez que son grandes las ventajas que trae para la institución el procedimiento natural. La experiencia y el estudio de los más célebres procesos así lo demuestran y a ello se debe el que tal procedimiento se abra campo por en medio de preocupaciones arraigadas y de especulaciones anejas. El jurado ha sido la institución salvadora fruto de la experiencia y el estudio que está llamado a reemplazar estas teorías y estas preocupaciones, haciendo que la prueba no sea solamente el resultado de una amalgama de principios, sino que ella esté fundada como dice Erskine "en la filosofía de la naturaleza, en la caridad de la religión, en las verdades de la historia y en la experiencia de la vida común."

Pero para que el procedimiento estudiado llene su objeto, para que no queden impunes los delitos, a la vez que se ponga a salvo la seguridad de los inocentes, fin principal a que debe dirigirse la actividad social, requiere la institución del jurado ciertas condiciones que el legislador debe tener cuidado en precisar.

Los ciudadanos inscritos en las listas formadas por el tribunal superior para desempeñar el cargo deben ser personas aptas para ello; deben tener cultura e instrucción suficientes para raciocinar y formar un juicio exacto sobre las impresiones recibidas; si el individuo para formarse conciencia de la existencia de un hecho no necesita sino del sentido común, para formarse juicio exacto de la moralidad o inmoralidad, de la justicia o injusticia del acto, tiene necesidad de valerse de las luces de la razón cultivada por las relaciones

sociales. Recordemos lo dicho ya, de que todo delito se compone de un elemento material y de un elemento moral y que el jurado no decide solamente sobre el elemento material de la comisión del hecho, sino sobre el elemento moral de la responsabilidad del sindicado, cuestión de ética infranqueable para quienes no tienen siquiera sea un discernimiento sensato.

No importa la clase social a que pertenezca el jurado, basta que su posición sea relativamente independiente y que tenga los medios necesarios de subsistencia para que pueda conjeturarse que llena sus funciones sin peligro de venalidad. El interés por el orden social se presume más arraigado en quien tiene mayores intereses que defender.

El derecho de recusación concedido al reo es indispensable en esta clase de juicios. Cuando la diferencia de razas, de religión, de partidos, pudiera hacer sospechoso un veredicto, este derecho lo legitima por completo, pues la condena impuesta por los jurados que el mismo reo admitió puede decirse que equivale a un castigo aceptado de antemano por sí mismo.

La independencia del jurado como la de toda rama del poder judicial es requisito esencial para que la institución produzca los resultados apuntados, y para que esta independencia sea efectiva necesítanse en la Nación donde ella exista instituciones que la garanticen y defiendan. "La institución del jurado para poder arraigarse,” dice Mittermaier, “necesita el suelo de un país políticamente independiente, abierto desde mucho tiempo a las ideas políticas, conocedor de sus derechos, decidido a sostenerlos y fortificarlos; capaz de hacer frente al poder con osadía; pronto siempre a desconfiar de toda institución que pueda facilitar los ataques contra la libertad de los ciudadanos; necesita de un pueblo que se interese vivamente por los negocios públicos; que sepa comprender el valor de la independencia de los jueces y cuya educación esté bastante adelantada para que en cualquier estado de la causa pueda encontrarse en su seno número suficiente de jurados imparciales."

La institución del jurado en esta forma exige también una legislación penal bien organizada. El jurado por regla general está siempre inclinado a la benignidad, porque es siempre más fácil perdonar que castigar cuando no media la venganza personal, y una ley penal que castigara los delitos con severidad exagerada, sería causa para que el jurado mirara con horror y su conciencia rechazara un veredicto que aunque justo sería de consecuencias funestas y sobrepasaría el castigo merecido. La ley dice a los jurados que faltan a su ministerio si pensando en las disposiciones de la ley penal se fijan en las consecuencias que podría tener con relación al acusado el veredicto que han de pronunciar; pero esta disposición es ineficaz porque va contra la misma naturaleza humana. Es cierto que el jurado no es quien condena a los acusados pero la sentencia condenatoria se fundará en su veredicto y es absurdo suponer que un simple artículo consignado en la ley pueda acallar la voz de la conciencia que reprueba el castigo superfluo, impuesto como consecuencia de su decisión.

Concluímos de lo expuesto que si el procedimiento natural adoptado por el jurado con las condiciones expuestas y después de haber llenado la ley todos los vacíos que el estudio de la institución ha encontrado, todavía no satisface de manera absoluta la buena administración de justicia, si la historia con todo esto registra muchos casos de delitos impunes y de condenas injustas, ellas son excepciones imposibles de evitar cuando el hombre no conoce la perfección absoluta, son errores que no podemos atribuir propiamente al procedimiento sino a la falibilidad que necesariamente acompaña a todos los actos humanos.

Adjournment.

SESSION OF SUBSECTION 2 OF SECTION VI.

SHOREHAM HOTEL,

Monday morning, January 3, 1916.

Chairman, SIMEON E. BALDWIN.

The session was called to order at 10 o'clock by the chairman. The CHAIRMAN. I regret to say, ladies and gentlemen, that I am called away at the present time, and must take the liberty of calling to the chair Mr. Jackson H. Ralston, of the bar of the District of Columbia, and a distinguished authority on international law, who will preside during the rest of the meeting.

The CHAIRMAN (Mr. Ralston). Ladies and gentlemen, in opening the session to-day we shall have the pleasure of listening first to Mr. William W. Smithers, formerly secretary of the Bureau of Comparative Law of the American Bar Association, who will address us on "Public law as affecting legal procedure in civil causes." I take great pleasure in introducing him.

PUBLIC LAW AS AFFECTING LEGAL PROCEDURE IN CIVIL

CAUSES.

By WILLIAM W. SMITHERS,

Member of the Bar of Philadelphia.

Public law, fundamentally considered in respect of its source, means direct legislation by the people-an individual expression of aggregate will by a human group, identified usually with a given territory. The primary purpose sought to be realized finds initial result in either a deliberately constructed or a remodeled political entity now commonly denominated a "State." The former, here on the Western Continent, where community life has manifested civic, ethical, and material achievements unheralded by history, has become doctrinal, while the Old World still adheres to the evolutional or traditional theory. Consequently, the term " public law" as applicable to and understood within the 5 federal unions and 16 single sovereignties of this hemisphere forms part of an addendum to the world's politico-juridical nomenclature known as the American system. These several independent nations have blended those essentials of private rights, individual liberty, and political freedom that became quick and growthful when wrested from King John, with those fundamental principles of comparative justice embodied in the positive law of the "Twelve Tables." To these two bases of human progress, however the asserted rights and political aspirations of the Anglo-Saxons and the 329

inherent accuracy and comprehensiveness of the private law of Rome-the American nations have added and maintained with unswerving persistency the basic dogma of constitutionally defined government by representatives. This advance beyond the settled lines of European doctrines and experiments is a unique product of American soil, whether viewed from the standpoint of delegated powers expressed in the federal compact or that of reserved powers distinguishing the State organic document, and is equally applicable to North, Central, Caribbean, and South American Republics.

Some men perceive a divine purpose in the fact that this new régime originated in the virgin forests of this hemisphere, apart from and in defiance of the Old World, pointing out that it has been again and again triumphantly proclaimed and extended, notwithstanding the shock of war and the intrigues of designing statesmen. Though developed by separate and sometimes antagonistic political groups, it has steadily progressed toward and finally evolved a standard American Commonwealth, identified and distinguished by the direct creation of a government consisting of three independent departments, to be administered through representatives only, as a self-imposed check upon and safeguard of the sovereignty of the people. Every nation on this side of the Atlantic now stands forth as a devoted champion of this ideal in human government. The President of the United States aptly said in his first message to the Congress now sitting: "The moral is, that the States of America are not hostile, but cooperating friends, and that their growing sense of community interest, alike in matters political and in matters economic, is likely to give them a new significance as factors in international affairs and in the political history of the world.

* This is Pan Americanism. It has none of the spirit of empire in it. It is the embodiment, the effectual embodiment, of the spirit of law and independence and liberty and mutual service."

The distinctive characteristic of what may be termed a true republican democracy into which the American system has so happily developed leaves but one logical opportunity for direct legislation by the people, and that is in the adoption or amendment of the organic law. Our Federal Constitution, although forming a union of States, was not ratified by their legislatures but by delegates specially elected by the people in each State. That principle was consecrated at the outstart by the action of delegates so elected in Delaware in ratifying the federal pact on December 7, 1787, and since 1792, when Kentucky framed her constitution, every organic instrument has been submitted to the people for direct action thereon. He would be a bold man, indeed, who in this day should propose the enactment of a State constitution by a convention only.

Real "public law," therefore, on this hemisphere is limited scientifically and in derivative theory to that which is expressed in a written constituton whereby a people have instituted a definite republican form of government by direct vote.

It may be urged that there are other occasions upon which the people may make law direct-for example, by those triple anomalies called initiative, referendum, and recall-sudden spawn of political hysteria, sustained for a period by unscrupulous politicians and self-serving demagogues, but now happily very largely ignored, although appearing in the 1907 Oklahoma constitution, the latest and most un-American and unscientific product of organic law still subsisting. Those measures obviously can not outlive the self-destroying force generated by their inherent unfitness and superficiality. They stand nakedly repugnant to the fundamental necessity of legislation by representatives as the required check upon unreasoned and misguided majority decision. No consid

eration was given them in the recent convention for the revision of the constitution of New York, presided over by one of the most learned, patriotic, and esteemed of our citizens, Mr. Elihu Root. In the few States where the initiative, referendum, and recall have been constitutionally recognized there are increasing indications of their repudiation or desuetude. Obviously, if one statute or the tenure of one office can be made dependent upon direct vote of the people, then all legislation can be so effected, representatives be eliminated, executives made unstable and irresponsible, and the basic feature of a republican form of government, guaranteed to the States by the Federal Constitution, will be lost. Scientifically, all such devices for enacting general laws and making administration uncertain have no place in the true American system. In this domain of American public law or constitutional expression of the will of the people there are scientific principles which should be studiously adhered to if our several nations are to fulfill their highest aspiration as free peoples.

Mr. Webster, in his famous speech on the presidential protest and incidentally on liberty in general, delivered in the United States Senate in May, 1834, said: "The first object of a free people is the preservation of their liberty, and liberty is only to be preserved by maintaining constitutional restraints and just divisions of political power. Nothing is more dangerous than the pretense of a desire to simplify government. The simplest governments are despotisms, but all republics, all governments of law, must impose numerous limitations and qualifications of authority and give many positive and many qualified rights. * Every free government is necessarily complicated, because all such governments establish restraints, as well on the power of government itself as on that of individuals." (IV Works of Daniel Webster, p. 122.)

These "constitutional restraints and just divisions of political power are fundamental doctrines, equally accepted and applicable in Argentina, in Costa Rica, in the Federal United States, and in our several single States. It can not be said, however, that there has yet been adopted a constitution that accurately or adequately exemplifies these principles. Indeed there have been frequent and flagrant departures from them, especially in this country. Very few of our State constitutions which have been adopted within the past 25 years are in themselves consistent, uniform with one another, or in any sense scientific. They are of unreasonable length and unnecessary verbiage, embodying departmental details that are seldom helpful, frequently obstructive, and often in contradiction of general powers bestowed, constituting a highly confusing and inappropriate mixture of private, administrative, and public law. Obviously such provisions have no legitimate place in an instrument intended as a mere framework of government in which full and independent executive, legislative, and judicial powers are designated and distributed.

Much, indeed, could profitably be said regarding many executive and legislative provisions in our own constitutions as well as in those of our sister Republics which should have been left to general legislative action and can not by any process of reasoning be justified as organic.

This paper, however, is intended to be limited to a presentation of some considerations respecting the scientific aspect of public or constitutional law in its relation to civil procedure.

In every American constitution the whole ordinary judicial authority of the State that is, the power to hear and determine controversies concerning rights and obligations recognized by law-is conferred upon some body or bodies designated by a title commonly applied to the exercise of judicial functions and such other bodies of similar attributes as the legislative branch may create.